El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana en gestión por el actual Ministro del Interior, Jorge Fernández Días , se nos quiere vender como una medida que ateje los desmanes públicos y que proteja a las personas y a los bienes de esas “hordas” que se manifiestan haciendo uso de los derechos de reunión y manifestación que les reconoce la Constitución para protestar y pedir lo que consideran legítimo: esos “indeseables” del 15M, los desahuciados del la PAH, los parados, los defensores de una sanidad pública, de la educación, etc.
Juristas, organizaciones sociales, incluso policías, ya se han posicionado en contra de lo que consideran una Ley “mordaza”, que no tiene más objetivo que criminalizar a quien ose defender sus derechos ante los ataques que están ocasionando la pérdida de derechos laborales adquiridos por la clase trabajadora y de los derechos sociales reconocidos en las sociedades democráticas de lo que se ha dado en llamar el estado o sociedad del bienestar: sanidad, educación, pensiones dignas, etc. Una ley inspirada en el miedo y propia del peor autoritarismo que la sociedad española no se merece, con multas brutales para cortar de raíz cualquier intento de queja ciudadana.
La holgada mayoría con que cuenta el partido que nos gobierna le lleva a imponer si ningún pudor sus tesis aunque sea con la oposición del resto de los partidos y de la sociedad, como estamos viendo con la Ley de Educación.
Pero en realidad, lo que esta Ley mal llamada de Seguridad Ciudadana trata de conseguir es una protección y un blindaje de la clase gobernante, de las autoridades, ante el descrédito de que se han hecho merecedores por parte de la inmensa mayoría de la sociedad que ve en la clase política en el poder, la clase política dirigente, uno de los mayores problemas de la sociedad actual, por su mala gestión, por el despilfarro de los recursos públicos, por la corrupción, de la que ni nuestra región ni nuestro ayuntamiento están libres, como es de todos conocido.
Pero siendo este un panorama bastante generalizado, en Murcia toma unos tintes de especial gravedad. Pues la sumisión, la docilidad y el servilismo hacia el Gobierno de la Nación que hemos visto en el campo de las infraestructuras, como el ferrocarril, se repite en el caso de las consignas del Ministerio del Interior, que aquí se siguen con especial virulencia, sin esperar si quiera a que sea Ley, lo que es aún un proyecto.
El ejemplo más reciente es el que ha protagonizado el Delegado del Gobierno el fin de semana pasado tratando de restringir el derecho de manifestación y queriendo reducir a tan sólo dos las ocho mareas previstas en la Marcha de Mareas. Un verdadero asalto a los derechos ciudadanos sin justificación alguna. Y ha tenido que ser la Justicia quien le parara los pies ante tan disparatada pretensión. Menos mal que todavía hay cosas que sí funcionan en este país. Y la Justicia es una de ellas al margen de las críticas que, puntualmente, le podamos hacer en cuanto a procedimientos, lentitud, plazos, etc. Porque, aunque unamos nuestra voz a las que piden la dimisión de Bascuñana, el problema de fondo no de una persona, sino del estilo de gobernanza de quien en estos momentos dirige la nación y la mayoría de las CC.AA. que recuerdan en Madrid y en Murcia aquella tremenda frase de “la calle es mía” de autor de todos conocido. Porque no puede entenderse si no, que un colectivo ciudadano tan poco violento y tan respetuoso con las instituciones y con las autoridades, en sus veintitantos años de historia, la Plataforma Pro-Soterramiento, constituido por vecinos y ciudadanos de a pie sin más intereses que la defensa de sus barrios, haya sido objeto de una represión policial y judicial tan exagerada en especial desde el pasado Bando de la Huerta, porque –podríamos resumirlo así de sencillo- le estamos pidiendo al PP que cumpla su programa electoral, por una parte, y el convenio de 2006 que despejaba nuestros barrios de la razón primera y última de su subdesarrollo: levantar esa cicatriz que impide incorporarnos a la ciudad de la que formamos parte, el soterramiento de las vías.
El objeto de esta rueda de prensa es denunciar el recrudecimiento de la represión para con la Plataforma: vigilancias policiales en sus lugares de reunión, con envío de agentes de paisano a los lugares de concentración grabando con imagen y sonido, así como el empleo de las sanciones administrativas como objeto de atemorizar a los vecinos. Hemos invitado a todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Murcia y en la Asamblea Regional para que nos apoyen y pidan al Gobierno el levantamiento de esta situación de pura represión, incluido el PP que ha decidido no estar presente aquí y ahora, no respondiendo a nuestra petición de reunión tanto con el grupo municipal como con el Alcalde. Su ausencia es significativa y demuestra cual está siendo su intención real: al margen de buenas palabras y de expresiones de aparente apoyo a nuestra reivindicación, el PP prefiere denunciar a sus vecinos en vez de exigir al gobierno central el cumplimiento del compromiso contraído en 2006. Podría haber hecho esto último; cuenta con servicios jurídicos que podrían haberse empeñado en esta demanda, pero expresamente se negaron a ello sin más razón que no podían exigirlo a un gobierno central de los suyos. Ya hemos tenido un vecino encausado, pero esta mañana mismo dos nuevos juicios van a sentar en el banquillo de los acusados a dos vecinos cuyo único delito ha sido la defensa pacífica de sus barrios.
Agradecimiento a:
• Los partidos políticos aquí presentes
• Las aportaciones a la caja de resistencia
• Los abogados que están trabajando de manera altruista en el asesoramiento y en la defensa de las víctimas de esta represión.
